El CONEP y el reto haitiano

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Fri, 05 Sep 2008 09:04:00

POR EDUARDO JORGE PRATS*

EL AUTOR es abogado

Pocas veces sale a la luz pública un documento de políticas públicas con la clara y coherente visión del intitulado “El reto haitiano en República Dominicana: posición y propuestas del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ante la presencia en el país de inmigrantes haitianos y de sus descendientes”.
La posición del Conep se enmarca dentro de la corriente de lo que hemos denominado el “nacionalismo liberal”, un nacionalismo consciente de la necesidad de defender la nación en el marco del respeto de los derechos humanos y de responder a las necesidades de un mundo crecientemente globalizado.

Lo que proponen responsablemente nuestros empresarios es que se aborde la cuestión haitiana al margen de hipocresías y sectarismos, de modo que se enfrente el flujo migratorio haitiano, el deterioro medioambiental de la isla, el desarrollo de la frontera, los derechos de los trabajadores y el tema cultural de las dos poblaciones, desde una perspectiva holística e integral.

Como bien lo resume el documento, de lo que se trata es de proponer soluciones a cada uno de los problemas citados, “acatando las leyes vigentes y respetando los derechos humanos de cada ciudadano haitiano y de sus descendientes en territorio dominicano, sin por ello violentar ni desconocer el derecho inalienable del Gobierno dominicano para enarbolar su soberanía como pueblo libre en un Estado democrático de derecho”.

¿Cuáles son las propuestas específicas del Conep? Primero, se plantea una redefinición del concepto de nacionalidad a nivel constitucional, tal como se reflejó en la pasada consulta popular para la reforma constitucional. Segundo, se propone erradicar el racismo y la xenofobia en el marco de la normativa internacional y nacional vigente y la educación en valores. Tercero, se reclama la reglamentación de la Ley General de Migración. Cuarto, se propone un plan de regulación de los inmigrantes ilegales y una depuración del padrón electoral.

Quinto, se sugiere un plan ordenado de repatriación y deportación de indocumentados, en el marco del ordenamiento internacional de los derechos humanos, sin que constituya un proceso indiscriminado y masivo y sin que atente contra la estabilidad social de Haití. Sexto, se propone un plan de desarrollo fronterizo con énfasis en la descentralización territorial, el intercambio comercial, el medio ambiente y la seguridad nacional y ciudadana. Séptimo, se plantea un esquema de relaciones comerciales domínico-haitianas basado en un acuerdo de libre comercio y de reglas arancelarias, fitosanitarias y administrativas claras.

Octavo, en el plano laboral, la propuesta se articula alrededor de la noción de trabajo digno, respeto de los derechos laborales, política clara de empleo de inmigrantes y de castigo a las empresas que contraten mano de obra en violación a la ley. Noveno, en términos medioambientales se busca el uso racional de los recursos renovables por ambas naciones. Y décimo, se pretende iniciar un proceso de revalorización de la cultura nacional, asumiendo las contribuciones de todos los continentes, para que “sin chauvinismos ni extremismos” asumamos la coexistencia cultural, lingüística y nacional en la isla y en la nación.

Se trata de un documento valiente, bien escrito y bien articulado. Un documento de políticas públicas que nos hace sentir orgullosos de ser dominicanos y de contar con un empresariado socialmente responsable. No es, por supuesto, la palabra final, sino un llamado a la reflexión, a que juntos, todos los actores sociales definamos una política racional y coherente para enfrentar el reto haitiano, que debe constituirse en oportunidad para el desarrollo nacional.

Ojalá que las propuestas de los empresarios no caigan en el vacío, ignoradas por nuestros líderes políticos y por la prensa nacional. Ojalá que se tomen en serio las mismas y que sean discutidas detenidamente por todos. Está claro que no solo podemos enfrentar la cuestión migratoria sino que es posible, como bien expresa el documento del Conep, hacer todo ello enmarcados “en el escrupuloso respeto a los derechos de todo inmigrante en nuestro territorio nacional, al mismo tiempo que en nuestra opción de solidaridad con el pueblo y con la República de Haití” y haciendo “inversiones nacionales en Haití, tanto industriales como de infraestructura, de modo a favorecer la institucionalización de ese país y el desarrollo de mejores oportunidades para todos.

EDUARDO JORGE PRATS ( e.jorge@jorgeprats.com)


(Reproducido de Hoy)