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Crisis estatal haitiana II

7 Días.com.do
7 de Septiembre del 2008, 11:22 AM

Preval ha intentado en varias ocasiones controlar a voluntad el Senado, en vista a lograr el dominio absoluto de los poderes de Estado.

Los perjuicios personales y materiales ocasionados por los recientes pasos sucesivos de los huracanes Fay, Gustav y Hanna sobre el territorio de Haití han ahondado el proceso nacional de desmembración de la plataforma económica y empresarial, las condiciones de pobreza de las familias y comunidades y la cobertura ambiental y forestal, al mismo tiempo que han ratificado el carácter fallido de la forma estatal dictatorial, corporizada en la actualidad por la administración gubernamental de Preval y su partido clientelista Lespwa.

En las últimas semanas, el saldo de los vientos y aguas huracanados no puede ser más mortal: decenas de ciudades inundadas y devastadas, cientos de individuos muertos o desaparecidos, miles de viviendas y fincas destruidas, decenas de miles de familias refugiadas o desprotegidas, cientos de miles de plazas laborales y hectáreas cultivadas aniquiladas, millones de personas sin comida, ni agua y ni ropa y miles de millones de gourdes perdidos por deterioro o desaparición de patrimonios y negocios en las urbes y los campos.

Ante esta tragedia, el gobierno de Preval no ha hecho nada que valga la pena para paliar el dolor de los hogares y los poblados y compensar los daños sufridos por las empresas rurales y urbanas, así como tampoco se ha preparado para enfrentar la llegada de los próximos ciclones Ike y Josephine que amenazan con hundir al país en el caos total.

En realidad, el mandamás Preval no ha cesado un instante en el aprovechamiento de estos sucesos trágicos para consolidar su régimen dictatorial, asegurar su proyecto político de la reelección indefinida y debilitar las fuerzas de la oposición partidaria y congresual y de las organizaciones populares y sindicales, por medio de la desviación de la atención pública desde el desempeño caótico del Estado hacia el socorro de emergencia de los damnificados.

El partido Lespwa y el dictadorzuelo Preval han logrado imponer en una primera ronda la candidatura de la primer ministro Michele Pierre-Louis, con el concurso de potencias imperiales y tropas interventoras, a las dos cámaras congresuales y, en una segunda, el gabinete ministerial y la declaración de política general únicamente a la cámara de diputados, pese a la violación flagrante de la Constitución y la legitimidad de las demandas de las revueltas populares contra la aplicación estatal de políticas neoliberales de factura fondomonetarista.

Según los artículos 137, 157 y 158 de la Constitución de Haití, el nombramiento del primer ministro contempla estos momentos claves: designación del primer ministro por el presidente; sanción de cada una de las cámaras, previa verificación de la documentación personal del candidato de acuerdo a los requisitos establecidos por la misma Carta Magna; y, además, la aprobación de los diputados y senadores, en base al criterio de que la votación tendrá lugar en atención de la mayoría absoluta de cada una de las dos cámaras, vale indicar 51 votos favorables de 99 miembros en la baja y 16 de 30 en la alta o, mejor dicho, en este caso, 16 de 18, puesto que 10 han cumplido ya su periodo constitucional, uno está muerto y otro suspendido.

Las propuestas presidenciales en la cámara de diputados son generalmente aprobadas porque el gobierno central cuenta con el apoyo de la mayoría mecánica compuesta por “Concertación de parlamentarios progresistas” (CPP), grupo de congresistas subordinado en gran medida a las decisiones de Jacques Alexis, recién primer ministro destituido, y por otras fracciones parlamentarias, en base al intercambio de favores y prebendas ; en tanto que en la cámara de senadores son solamente aceptadas después de la realización de espurias negociaciones en torno a ventajas pecuniarias y de otra índole, en razón de que el establecimiento del quórum depende de los congresistas pertenecientes a partidos opositores.

Preval ha intentado en varias ocasiones controlar a voluntad el Senado, en vista a lograr el dominio absoluto de los poderes de Estado. Por ejemplo, ha postergado incontables veces la convocatoria legal de las elecciones parciales de los 10 senadores faltantes, ha presionado ilegalmente a los senadores actuales a que sometan sus votaciones a la mayoría absoluta ilegal de 10 miembros en vez de la constitucional de 16 y ha amenazado pura y simplemente con desconocer autoritariamente la rama senatorial del congreso nacional

La administración del gobierno de Preval ha violado el precepto constitucional de la emisión del decreto presidencial de composición del nuevo gabinete ministerial, sólo posterior a la sanción positiva de las cámaras del congreso nacional de la triple propuesta de primer ministro, gabinete y declaración de política. Esta violación consiste concretamente en que el presidente mandamás ya publicó dicho decreto antes de que los senadores se hayan reunido a los efectos de ponderar y sancionar la sugerencia escrita del gabinete ministerial y la declaración de política general, a cargo de Pierre-Louis, primera ministro recientemente designada.

En este escenario de acorralamiento del senado por parte del gobierno, Preval ha llegado al colmo de insinuar que está dispuesto a lanzar pandillas de bandoleros contra los senadores opositores, tal y como acaba de ocurrir con la visita de hace días a Cité Soleil, barriada de Port-au-Prince habitada por cerca de cuatrocientos mil personas y más de 10 mil delincuentes, en calidad de mensaje de advertencia a la cámara alta de que en caso de que no apruebe definitivamente el gabinete neoliberal y la declaración demagógica de Pierre-Louis, estaría dispuesto a dejar que la jauría de pandilleros devore a cada uno de los parlamentarios rebeldes.

De la lista decretada de 18 ministerios y correspondientes comisarios, Preval ha reconfirmado siete nombres en dependencias fundamentales, los cuales fueron repudiados meses atrás por las movilizaciones de masas emprendidas contra las políticas neoliberales, entre el 3 y el 11 de abril, y, más tarde, sancionados negativamente con el voto congresual de destitución del primer ministro Jacques Alexis, el día siguiente, o sea el 12 de tal mes. También el dictador ha distribuido, a la vez, los restantes 11 puestos entre el PON, PCUH, Komba y su propio partido, la Esperanza, incluyendo las fracciones partidistas prevalistas de Alexis y Pierre-Louis.

Esta burla de la soberanía popular, la Constitución republicana y las cámaras congresuales comprendió otras acciones autoritarias, en procura de allanar el camino a la reelección presidencial para el quinquenio gubernamental 2011-2016. Entre ellas sobresalen las siguientes: maniobras de división de las organizaciones partidarias opositoras, por caso: la oferta del ministerio de relaciones exteriores a Suzy Castor, cuya aceptación oportunista no contó con el respaldo de su partido OLP; aislamiento de algunos de sus aliados decididos a participar con bandera propia en las elecciones presidenciales de 2010, por ejemplo: Aristide-Lavalas; y la concesión de los principales organismos ministeriales a representantes de los intereses y políticas de los capitales transnacionales, oligopolios criollos, países intervencionistas, burocracias domésticas y mafias vinculadas al narcotráfico, contrabando y apoderamiento de los patrimonios y recursos estatales.

El régimen político dictatorial de Haití y, por consiguiente, las periódicas gestiones de gobierno anticonstitucionales, se han sustentado en la errada asistencia internacional, la acumulación ampliada de capitales e institucionalización creciente de la corrupción en franca violación de las normativas legales nativas y foráneas.

En el caso de la administración dictatorial de Preval, esta lógica infernal de reproducción corrupta de poderes económicos y estatales salta a la vista, tal y como se puede comprobar con la observación de estas tres muestras que envuelven directa o indirectamente a su vez al Estado dominicano.

La primera, la ayuda multinacional favorable a las grandes mayorías haitianas se desvía frecuentemente en provecho de minorías empresarias y burocráticas. Por ejemplo, una porción indeterminada del asfalto donado por Venezuela a Haití para reparar su precaria infraestructura vial, luego se re-exporta hacia República Dominicana, sin ninguna intervención de corrección del expolio por parte de las autoridades dominicanas.

La segunda, la operación de privatización salvaje de Teleco, bajo el membrete de que esta empresa pública acusa un derrotero de bancarrota, no puede ser más escandalosa, toda vez que implica la transferencia de más de 100 millones de dólares del sector estatal a empresarios privados, a través de la asunción del Estado de los adeudos corporativos, la cesión de las reservas estratégicas a los accionistas y la apropiación de los fondos de salarios y pensiones a cargo de los propietarios empresariales. En esta venta dolosa de la propiedad pública, el dictadorcillo Preval ha implicado al gobierno e inversores de República Dominicana mediante la firma de un convenio binacional de telecomunicaciones, el cual respaldó durante su penúltima visita llevada a cabo a Santo Domingo.

Y la tercera, es la orden sorpresiva del presidente dictador de trasladar al cuestionado procurador fiscal de Port-au-Prince como cónsul encargado del ilegal consulado radicado en Santiago y, también, como diplomático con alto rango adscrito a la embajada haitiana en Santo Domingo. Este funcionario estatal ha recibido una lluvia de acusaciones en la opinión pública de Haití por su obscura gestión de lucha contra el narcotráfico y el dolo, su ineficiente combate contra el contrabando de mercancías y tráfico de personas y su vinculación con sospechosos, incluyendo parientes, de ejecución de secuestros a plena luz del día en ciudades haitianas.

Al fin de cuentas, el triunfo momentáneo del proyecto dictatorial de Preval no es más que un temporal rotundo fracaso registrado por la justa lucha popular y nacional en Haití, en defensa de la implantación de un Estado de cumplimiento de la ley, de respeto de los derechos y de ejercicio de la democracia.

Luis H. Vargas

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