Al Momento.com
Sat, 13 Sep 2008 07:58:00
Por Edwin Paraison*
Por Edwin Paraison*
*El autor es sacerdote anglicano, ex Cónsul General de Haiti en RD y director ejecutivo de la Fundacion Zile.Diversos sectores que inciden en la cuestión migratoria haitiana en la República Dominicana han intensificado últimamente sus intervenciones publicas, para animar al gobierno para que defina una política migratoria, la cual, pese a la presencia de numerosos extranjeros de otras nacionalidades en el país, tendrá la finalidad primaria de aportar una solución a la situación particular de los inmigrantes haitianos.
Hasta la semana pasada, 1 al 6 de septiembre, el escenario era ocupado por dos principales grupos. De un lado, las organizaciones de derechos humanos, y ONGs, las iglesias, entidades de solidaridad entre los dos pueblos de la isla, y académicos. De otro lado, los llamados sectores anti-haitianos, donde tienen cabida, algunos políticos de la extrema derecha, contados comentaristas de medios de comunicación y unos cuantos intelectuales y funcionarios.
Hace alrededor de 20 años, que el primer grupo señala al segundo por mantener una actitud racista y xenófoba en contra de los inmigrantes haitianos. Mientras, los señalados (segundo grupo), acusan a los primeros de llevar a cabo una campaña de descrédito y difamación en contra del país, con la alegada intención de unificar la isla con el apoyo de Estados Unidos, Francia y Canadá.
La anterior observación parece desprenderse de un análisis del manejo del tema en un documento hecho público recientemente por un tercer e importante actor: el empresariado, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), al cual no pueden acusar de ser pro o anti-haitiano tal como se definen los roles en el actual debate.
Desde luego, con las reservas personales y limitaciones de lo plasmado por los empresarios, hay que reconocer que trataron con la visión y la autoridad conferidas por su soporte vital al crecimiento macro-económico de la nación dominicana, de mantener un equilibrio en sus planteamientos entre los primeros y los segundos arriba señalados.
Las posiciones encontradas respecto a las interpretaciones y las aplicaciones de la constitución dominicana, la constitución haitiana y los instrumentos jurídicos internacionales, no han impedido, sin embargo, que los tres coincidiesen en pedir al gobierno dominicano la regularización de la situación de los inmigrantes haitianos. Lo que se comprueba nueva vez con las reacciones al documento del órgano patronal.
No obstante, las contradicciones se evidencian alrededor de varios artículos sobre la ley de migración 285-04 pendiente de aplicación por falta del reglamento desde Agosto de 2004. Aunque en algunas de sus previsiones ésta haya sido puesta en vigor por organismos estatales.
Asimismo, hay divergencias sobre la contribución de la diáspora haitiana a la República Dominicana y las causas de la migración desde la vecina nación que no responden únicamente a la situación socio-política haitiana, sino también a la existencia de factores de atracción del lado dominicano.
El Estado dominicano, otrora principal empleador de la mano de obra haitiana, hasta ahora permite oficialmente cada año, la llegada de entre 10,000 y 12,000 cortadores de caña, quienes generalmente ingresan por la frontera con la ayuda de los « buscones », sin documentos de su país de origen y trabajan la zafra sin un contrato formal con los distintos ingenios azucareros privados que los reclutan.
No hay duda, el uso imprescindible de esa mano de obra se ha expandido a varios campos de la producción nacional, dando lugar al surgimiento de una comunidad haitiana y de dominicanos de origen haitiano, estimados en unas 750,000 personas, según cifras oficiales de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la FLACSO dominicana. Después de más de un siglo de presencia permanente en territorio dominicano, en su mayoría, los inmigrantes son indocumentados desde Haití, o no han sido reconocidos como dominicanos.
La inacción respecto a la regularización de la migración haitiana le ha provocado al gobierno dominicano, además de los cuestionamientos en el ámbito internacional, las criticas de algunos de sus propios aliados del « Bloque Progresista », aunque sean los minoritarios y los que menos votos hayan aportado a la coalición oficial en el ultimo proceso electoral.
Sin embargo, estos distintos actores coinciden en definir como « ambigua » o « contradictoria » la actuación gubernamental en materia migratoria.
Grupos tan divergentes no pueden equivocarse fortuitamente. El momento es ahora. Se necesita y debemos esperar una acción contundente del gobierno dominicano, el cual sin ceder a las presiones, debe de tomar en cuenta que hay consensos y desacuerdos que merecen de una conducción oficial, pero muy especialmente, la regularización. En la situación actual, esto implica, según el aviso de expertos internacionales independientes: una amnistía migratoria para todos los haitianos que pueden probar que llevan un tiempo prudente (a determinar) viviendo en el país.
Una atención prioritaria deberá ser acordada a los pensionados haitianos del Estado dominicano, antiguos trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que no tienen residencia; sin embargo han sido contribuyentes del Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS).
Asimismo, este proceso de regularización deberá prever la suspensión de las operaciones de repatriaciones masivas. Sobre el particular, todos los actores coinciden en reconocer el derecho soberano del Estado dominicano de proceder a las repatriaciones o deportaciones individuales inmediatas de personas que hayan delinquido para ingresar al territorio nacional. Situación diferente a quienes aun en la irregularidad viven en el país desde un prolongado tiempo.
Hay también consenso entre los actores: los dos pueblos, gobiernos y mandatarios, partiendo de las buenas relaciones existentes entre ellos, sobre la necesidad de acordar con el Estado haitiano un plan de reinserción social de sus nacionales que al final del programa de regularización no cumplan los criterios de permanencia. Se espera que este plan cuente con el experticio y la financiación de la OIM.
Por último, se deberá otorgar la nacionalidad dominicana a todos los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano hasta diciembre de 2005, por lo menos, tal como lo evacuara la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de 2005 y como lo planteó el CONEP el pasado primero de septiembre 2008.
Hasta la semana pasada, 1 al 6 de septiembre, el escenario era ocupado por dos principales grupos. De un lado, las organizaciones de derechos humanos, y ONGs, las iglesias, entidades de solidaridad entre los dos pueblos de la isla, y académicos. De otro lado, los llamados sectores anti-haitianos, donde tienen cabida, algunos políticos de la extrema derecha, contados comentaristas de medios de comunicación y unos cuantos intelectuales y funcionarios.
Hace alrededor de 20 años, que el primer grupo señala al segundo por mantener una actitud racista y xenófoba en contra de los inmigrantes haitianos. Mientras, los señalados (segundo grupo), acusan a los primeros de llevar a cabo una campaña de descrédito y difamación en contra del país, con la alegada intención de unificar la isla con el apoyo de Estados Unidos, Francia y Canadá.
La anterior observación parece desprenderse de un análisis del manejo del tema en un documento hecho público recientemente por un tercer e importante actor: el empresariado, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), al cual no pueden acusar de ser pro o anti-haitiano tal como se definen los roles en el actual debate.
Desde luego, con las reservas personales y limitaciones de lo plasmado por los empresarios, hay que reconocer que trataron con la visión y la autoridad conferidas por su soporte vital al crecimiento macro-económico de la nación dominicana, de mantener un equilibrio en sus planteamientos entre los primeros y los segundos arriba señalados.
Las posiciones encontradas respecto a las interpretaciones y las aplicaciones de la constitución dominicana, la constitución haitiana y los instrumentos jurídicos internacionales, no han impedido, sin embargo, que los tres coincidiesen en pedir al gobierno dominicano la regularización de la situación de los inmigrantes haitianos. Lo que se comprueba nueva vez con las reacciones al documento del órgano patronal.
No obstante, las contradicciones se evidencian alrededor de varios artículos sobre la ley de migración 285-04 pendiente de aplicación por falta del reglamento desde Agosto de 2004. Aunque en algunas de sus previsiones ésta haya sido puesta en vigor por organismos estatales.
Asimismo, hay divergencias sobre la contribución de la diáspora haitiana a la República Dominicana y las causas de la migración desde la vecina nación que no responden únicamente a la situación socio-política haitiana, sino también a la existencia de factores de atracción del lado dominicano.
El Estado dominicano, otrora principal empleador de la mano de obra haitiana, hasta ahora permite oficialmente cada año, la llegada de entre 10,000 y 12,000 cortadores de caña, quienes generalmente ingresan por la frontera con la ayuda de los « buscones », sin documentos de su país de origen y trabajan la zafra sin un contrato formal con los distintos ingenios azucareros privados que los reclutan.
No hay duda, el uso imprescindible de esa mano de obra se ha expandido a varios campos de la producción nacional, dando lugar al surgimiento de una comunidad haitiana y de dominicanos de origen haitiano, estimados en unas 750,000 personas, según cifras oficiales de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la FLACSO dominicana. Después de más de un siglo de presencia permanente en territorio dominicano, en su mayoría, los inmigrantes son indocumentados desde Haití, o no han sido reconocidos como dominicanos.
La inacción respecto a la regularización de la migración haitiana le ha provocado al gobierno dominicano, además de los cuestionamientos en el ámbito internacional, las criticas de algunos de sus propios aliados del « Bloque Progresista », aunque sean los minoritarios y los que menos votos hayan aportado a la coalición oficial en el ultimo proceso electoral.
Sin embargo, estos distintos actores coinciden en definir como « ambigua » o « contradictoria » la actuación gubernamental en materia migratoria.
Grupos tan divergentes no pueden equivocarse fortuitamente. El momento es ahora. Se necesita y debemos esperar una acción contundente del gobierno dominicano, el cual sin ceder a las presiones, debe de tomar en cuenta que hay consensos y desacuerdos que merecen de una conducción oficial, pero muy especialmente, la regularización. En la situación actual, esto implica, según el aviso de expertos internacionales independientes: una amnistía migratoria para todos los haitianos que pueden probar que llevan un tiempo prudente (a determinar) viviendo en el país.
Una atención prioritaria deberá ser acordada a los pensionados haitianos del Estado dominicano, antiguos trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que no tienen residencia; sin embargo han sido contribuyentes del Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS).
Asimismo, este proceso de regularización deberá prever la suspensión de las operaciones de repatriaciones masivas. Sobre el particular, todos los actores coinciden en reconocer el derecho soberano del Estado dominicano de proceder a las repatriaciones o deportaciones individuales inmediatas de personas que hayan delinquido para ingresar al territorio nacional. Situación diferente a quienes aun en la irregularidad viven en el país desde un prolongado tiempo.
Hay también consenso entre los actores: los dos pueblos, gobiernos y mandatarios, partiendo de las buenas relaciones existentes entre ellos, sobre la necesidad de acordar con el Estado haitiano un plan de reinserción social de sus nacionales que al final del programa de regularización no cumplan los criterios de permanencia. Se espera que este plan cuente con el experticio y la financiación de la OIM.
Por último, se deberá otorgar la nacionalidad dominicana a todos los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano hasta diciembre de 2005, por lo menos, tal como lo evacuara la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de 2005 y como lo planteó el CONEP el pasado primero de septiembre 2008.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire